“La iniciativa de reforma pensional es un acuerdo entre cúpulas”

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Entrevista con *Berenice Ramírez López

En entrevista con Gibrán Ramírez Reyes, en el programa De Buena Fe del Canal Once, Berenice Ramírez López, especialista en materia de pensiones, expuso algunas de las debilidades de la propuesta de reforma pensional presentada recientemente por el presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el empresariado.  

¿Cómo han sido las últimas décadas en materia de pensiones en México? 

Hay que recordar que, a raíz de una evaluación hecha en 1994, rápidamente se presenta al congreso una iniciativa para reformar la Ley del IMSS y se aprueba en un lapso de 10, 12 días. No hubo discusión y un apoyo pleno a una reforma que transformó el modelo de seguridad social y abrió la puerta a que las pensiones se privatizaran al ser administradas por el sector privado. Y un cambio fundamental es que transformó el concepto de seguridad social. 

De una propuesta de seguridad social que tiene que cubrir los riesgos del ciclo vital como la enfermedad, la maternidad, la incapacidad, la vejez y el retiro, en la que hay plena responsabilidad estatal, se convirtió en un ahorro obligatorio que mantiene las desigualdades porque las pensiones se derivan del nivel salarial que tienen los trabajadores, de su trayectoria de vida laboral, y sabemos que en México el mercado laboral es bastante precario; 56% de los ocupados está en condición de informalidad y por lo tanto no tienen acceso a la seguridad social. Otros 7 millones de trabajadores están en el sector formal pero no han sido dados de alta en dicho sistema. 

Dicha ley también eleva las semanas de cotización de 500 a 1250, casi imposibles de cumplir en el mercado laboral mexicano. 

En febrero de este año, el titular de la CONSAR, Abraham Dib Vela, aseguró que de 75.000 trabajadores que tendrían derecho a una pensión, solo 750 podrían alcanzar una. Realmente se demuestra el fracaso del sistema de capitalización individual que se acompaña del contexto internacional. De los 30 países que privatizaron su sistema, en los últimos 3 años, 18 han regresado al Estado o a sistemas mixtos. 

¿El Estado ha sido un mal administrador?

En 1943 la tasa de cotización era del 6% porque solo se tomaba en cuenta la esperanza de vida del trabajador, y a lo largo de la construcción de la seguridad social surgen propuestas para que la seguridad social se extienda a beneficiarios. De una cuota depende una familia, pero los cálculos se hicieron solo para el trabajador. Y esto llevo rápidamente a descapitalizar al IMSS en los años 60 solicitando a los actuarios que se incrementara la taza de cotización para darle viabilidad. Eso es lo que se ha tomado como pretexto del mal manejo que ha tenido el Estado.

El modelo de beneficio definido es soportable por las condiciones trabajadoras. Estamos en un proceso de envejecimiento demográfico pero la media de edad son 29 años. Tenemos un gran porcentaje de jóvenes que están ingresando al mundo laboral y es preocupante que, si solo el 30% de los mayores de 65 años tienen una pensión derivada de contribuciones, los jóvenes no tienen nada, y las dinámicas de pobreza se dan, precisamente, más en niños y en jóvenes. 

Si se hubiera hecho en el 95 una reforma paramétrica que hubiera aumentado la tasa de cotización, que hubiera formalizado el trabajo, y un elemento que el proyecto que presentaron recientemente no toma en cuenta, el reconocimiento de todo tipo de trabajo. Si solamente van a ser incorporados los trabajadores asalariados subordinados no vamos a pasar en cobertura del 35% de la Población Económicamente Activa (PEA). Cuando mucho llegaremos al 42%.

¿Es una reforma para una minoría de la población?

Lo que se está proponiendo es para el 24% de los trabajadores afiliados al IMSS que son quienes tienen una cuenta individual, y la urgencia es para quienes ya van a cumplir los requisitos de ley y que les van a dar su ahorro para que sobrevivan como puedan, lo que les resta de vida. 

¿De qué se trata la reforma del Consejo Coordinador Empresarial asumida por el presidente de la República? ¿Por qué no toca estos problemas fundamentales?

Los toca parcialmente y la salida que le dan no resuelve los problemas estructurales y de fondo. Además, se pierde una oportunidad. Encontramos una primera gran contradicción: si es un presidente que dice primero los pobres, pues hagamos una reforma a fondo que realmente les dé bienestar. 

Pero lo que se está haciendo es salvar aquellos que no van a tener una pensión y por eso aceptan. La primera propuesta es que la pensión garantizada se dé a partir de las 750 semanas de cotización, por lo que habrá un poco más de trabajadoras que accedan a la pensión, pero sigue siendo un porcentaje pequeño. 

El problema mayor es que es una propuesta que no pretende que aspiremos a una pensión mejor, sino que nos conformemos con una pensión mínima garantizada de un salario mínimo.  Y se montan en la reforma del artículo 4 donde ya se establece una pensión de bienestar y dicen que la tasa de reemplazo aumenta. Y para financiarla los empresarios dicen aceptar que la tasa de cotización vaya hasta el 15% y que ellos la van a pagar. Pero es el Estado el que se ocupará de los cuatro primeros UMA. 

La realidad es que el 70% de los trabajadores gana hasta 3 salarios mínimos. Esto significa que habrá más costo fiscal para el Estado. 

Los empresarios asumirán el costo aumentando solo un 1% al año que muy bien lo pueden recuperar no aumentando salarios, pero sí productividad y precios. 

¿Qué hizo posible que esta propuesta avance?

Es un proyecto de reforma, no conocemos la iniciativa, pero como fue presentada, no hemos superado para nada los viejos tiempos de acuerdos entre cúpulas. La podría haber firmado cualquier otro presidente porque es un acuerdo de cúpulas. Y necesita ser una propuesta que venga del diálogo social. No es tanto la movilidad laboral como que muchos trabajadores no se han inscrito al IMSS porque no hay acceso. Si soy trabajador autónomo, independiente, no tengo la posibilidad. 

Se presenta como un proyecto de beneficio, porque ahora sí los empresarios son solidarios. Por ejemplo, ellos están retomando una propuesta de la OCDE que establecía no entregar el monto del ahorro al trabajador cuando le dan negativa de pensión, sino en retiros programados, porque los trabajadores no tienen capacidad de prever. Hay que estar muy atentos para que esto no venga en la iniciativa.

Otro elemento importante es que la gente sepa que es un sistema muy caro. Las condiciones, además de onerosas a lo largo del ciclo de ahorro del trabajador, representan el 28% del ahorro. Es mucho lo que se quita en comisiones. Es caro además porque tienen que hacer cabildeo, propaganda, pagarles a los agentes para que la gente se cambie de Afore. 

Tenemos que ir hacia un fortalecimiento de bienes públicos. La seguridad social tiene que salir del circuito de la mercantilización y crear un sistema de bien público que le dé esa base de seguridad a las personas. 

No es posible que no haya un regulador autónomo, que haya elementos como las puertas giratorias que vienen de tiempo atrás. Es la misma visión de que el Estado es un mal administrador, que el sector privado es que el mejor administra, que por cierto le ha ido muy bien en términos de rentabilidad, y una buena parte de esa rentabilidad viene del rendimiento del ahorro de los trabajadores. *Berenice Ramírez es Doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Actualmente se desempeña como Investigadora Titular en Desarrollo y Políticas Públicas. 

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