Cerca de 3 millones de personas jornaleras agrícolas en riesgo en México

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Pese a que trabajadores y trabajadoras jornaleras agrícolas realizan labores que se consideran dentro de las actividades esenciales en esta crisis sanitaria derivada del Covid-19, lo hacen en condiciones laborales desfavorables, salarios precarizados, y sin acceso a seguridad social y servicios de salud, lo que agudiza y potencia su riesgo frente a la pandemia.

En el documento “Las trabajadoras y los trabajadores jornaleros agrícolas ante el COVID-19”, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) llamó la atención sobre el riesgo que enfrentan y recomendó algunas acciones que permitan brindar seguridad social y certezas a las personas jornaleras, entre las que figuran: contar con mayor coordinación entre las autoridades federales y estatales en materia de salud y de seguridad pública para salvaguardar la integridad de los trabajadores; aumentar la supervisión de las autoridades laborales; vigilar las condiciones de sanidad de los centros de trabajo agrícolas e industriales; implementar programas de atención a personas jornaleras migrantes para garantizar su salud en estados expulsores y receptores que no cuenten con ellos y, finalmente, que el sector privado cumpla con su deber de afiliarlos a la seguridad social.

Para 2019, según la ENOE, 2,973,319 de personas se desempeñaban como jornaleros agrícolas en México, quienes, además de no tener seguridad social, no contaban tampoco con un ingreso suficiente para su sustento diario, por lo que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de México (Conasami) hizo un llamado a mejorar las condiciones salariales de este sector, ya que el 33% de estos trabajadores recibía hasta un salario mínimo y el 54.5 % hasta dos.

Al ser declarado el sector de los alimentos como esencial durante esta pandemia, las y los trabajadores jornaleros no pueden parar a pesar de que sus condiciones de trabajo son inseguras, sus horarios de trabajo prolongados, sufren retención de pagos, vejaciones y, en general, falta de protección de sus derechos laborales; trabajos que involucran a familias completas, lo que favorece que se den casos de trabajo infantil; alojamientos precarios con malas condiciones sanitarias en sus lugares de trabajo; falta de contratos y de seguridad social; discriminación derivada de su condición migrante y de que gran parte de esta población proviene de comunidades indígenas, entre otros.

Además de los trabajadores jornaleros agrícolas nacionales, también se destacan los migrantes, quienes conforman el 15%. Los principales estados expulsores de trabajadores jornaleros son Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla, mientras que en los receptores se destacan Chihuahua, Michoacán, Baja California, Nuevo León, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas.