Seguridad Social para trabajadoras sexuales de la tercera edad

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Ingrid Picasso Cerdá| Investigación CISS

La seguridad social, para la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), se define como:

“Un derecho humano que tiene como objetivo contribuir al bienestar personal y social, y que comprende un conjunto de transferencias y servicios de carácter solidario y público, cuya responsabilidad fundamental recae en el Estado, y que buscan proteger a los individuos y las colectividades ante riesgos sociales, que reducen la vulnerabilidad social y promueven la recuperación ante las consecuencias de un riesgo social materializado, dignificando así las distintas etapas de la vida, y promoviendo la inclusión y el reconocimiento de la diversidad social”.

A partir de esta definición y dado que una de las etapas de la vida es la vejez, es crucial rescatar algunos de los compromisos que a nivel internacional se promueven para brindar atención y cumplir con las necesidades y los derechos humanos de este grupo poblacional que, dicho sea de paso, tendrá una presencia cada vez mayor en la composición demográfica mundial.

La Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, del 2003, ponen en el centro la necesidad de fomentar la salud y el bienestar en la vejez para asegurar la participación en la vida social y comunitaria de individuos con plenos derechos, así como la importancia para la cooperación internacional de intercambiar experiencias óptimas y de realizar investigación que apoye la elaboración de políticas y programas para mejorar la atención a esta población.

A su vez, algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que el Instituto Nacional de Geriatría de México per la como cruciales para las personas mayores son:

1. “Terminar con la pobreza;

2. Seguridad alimentaria y nutrición mejorada;

3. Cobertura de salud,

4. Igualdad de género”.

Finalmente, respecto a lo mencionado en el capítulo “C- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos”, del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, se menciona “la obligación de los Estados respecto a un envejecimiento con dignidad y derechos, el desarrollo y acceso a cuidados paliativos para una muerte digna y el derecho a una muerte digna y bien atendida, sin discriminación y violencia”.

Dentro de la población adulta mayor destacan, por su alto grado de vulnerabilización, las mujeres que se dedican al trabajo sexual.

Primeramente, porque el trabajo sexual no está regulado (y en ocasiones es criminalizado) y no tienen acceso a derechos ni prestaciones que otras trabajadoras gozan, tales como riesgos de trabajo, incapacidad laboral, maternidad, guarderías, invalidez, retiro y cesantía en la vejez.

En segundo lugar, muchas de ellas reconocen que, por su misma edad, no pueden generar el monto suficiente para sostenerse económicamente; además, un alto número no tiene familiares ni redes de apoyo, y no cuenta con documentos como actas de nacimiento u otro tipo de identificación oficial, por lo que no pueden acceder a programas universales de apoyo a personas adultas mayores, al no cumplir con los requisitos mínimos de acceso.

Hacer pretensiones universalistas es difícil, pero es posible, a partir de los relatos de vida que sobre esta población se han recogido, al menos inferir que la mayoría ha tenido cursos de vida atravesados por distintos tipos de violencia: psicológica, física, doméstica (no sólo de parejas, sino desde la infancia), acoso, acceso carnal violento, acoso sexual, violencia patrimonial, económica, simbólica y, en muchas ocasiones, prostitución forzada y esclavitud sexual.

Es importante destacar que nuestras sociedades, al no contar con programas sociales que consideren sus condiciones o necesidades, o una administración pertinente de éstos, terminan propiciando violencia institucional.

En México se fundó la Casa Xochiquetzal en 2006, una casa hogar que respondía a “las precarias condiciones en que vivían las trabajadoras sexuales de la tercera edad de la zona de la Merced, tales como no contar con servicios de salud y obtener un pago mínimo por sus servicios, [lo que] las enfrentaba a decidir entre comer o pagar un cuarto para pasar la noche y muchas veces dormir entre pedazos de cartón y comer de la basura”.

Este proyecto “beneficia a un sector vulnerable de la sociedad por edad, sexo y situación social, mediante la atención de necesidades básicas en materia de alimentación, vivienda; asistencia médica, jurídica; ayuda para servicios funerarios, orientación social y promoción de los derechos humanos”.

Si bien es un proyecto que ha recibido múltiples recomendaciones, como la necesidad de contar con un programa integral desde una perspectiva más gerontológica y no únicamente geriátrica, tener personal preparado para atender no sólo a población adulta mayor, sino a población con un curso de vida con las características específicas de su población objetivo, así como indicadores de ingreso, entre otros, lo cierto es que pone el foco en una población que es crucial atender, tanto en las grandes ciudades como en zonas rurales.

Por todo lo anterior, nos parece que las experiencias respecto al trabajo sexual en general, y al trabajo sexual en la tercera edad en particular —volviendo al compromiso de la cooperación internacional de intercambiar experiencias óptimas e investigar con miras a mejorar la atención y políticas públicas para población prioritaria— son temas que no debemos dejar de abordar, sin importar la postura moral personal sobre el tema.

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