Mujeres y niñas, las más afectadas por desastres

en Investigación por

Verhonica Zamudio Santos | Investigación CISS

Paulatinamente se ha avanzado al señalar que los efectos adversos de los desastres impactan principalmente a las personas expuestas al riesgo y la vulnerabilidad, que en términos generales son las más pobres.

Sin embargo, faltan estudios para ampliar la comprensión de la distribución de los efectos adversos de tales desastres, según condiciones de discriminación y de desigualdad de género.

En 2017, por cada 100 hombres que vivían en hogares pobres en América Latina y el Caribe, había 113 mujeres en similar situación, según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL.

En este sentido, si las personas pobres están frecuentemente más expuestas al riesgo de desastres y pierden más en proporción a su riqueza que las personas en mejores condiciones socioeconómicas, se tiene que las mujeres son las más expuestas a los efectos adversos de los desastres.

Asimismo, la CEPAL reporta que en 2016 aproximadamente el 40% de la población ocupada percibía ingresos inferiores al salario mínimo de su país, cifra que se incrementa a un 48.7% cuando hablamos de mujeres, y, a su vez, se dispara a un 60.3% cuando se trata de mujeres jóvenes, entre los 15 y 24 años.

Por tanto, las mujeres enfrentan mayores dificultades para recuperarse de los efectos adversos de los desastres que los hombres, porque cuentan con menos recursos  financieros. No obstante, una peor situación atraviesan las mujeres jóvenes, que son mayormente discriminadas en términos salariales, lo que implica menor capacidad de acceder a una vivienda digna y físicamente segura, con servicios básicos.

En contraste, las mujeres desempeñan un papel crucial en la recuperación de las comunidades, pues realizan la mayor parte de los trabajos no remunerados, por ejemplo, de cuidados a menores de edad, a personas adultas mayores o con discapacidad.

Asimismo, mujeres y niñas son socialmente las principales responsables del suministro de agua para el cuidado personal de los integrantes de las familias y para las labores domésticas, en un contexto en el que 34 millones de personas de América Latina y el Caribe carecían en 2017 de acceso a fuentes de agua segura, y 110 millones, de saneamiento.

Es decir, en situaciones de desastres, la carga de trabajo no remunerado se incrementa para las mujeres y las niñas.

Erradicar la pobreza y no dejar a nadie atrás, como lo enuncia la Agenda 2030, pasa por desarrollar constantemente las capacidades para prevenir y hacer frente al riesgo de desastres, según lo estipulado en el Marco de Sendai 2015-2030. Las medidas de protección social y de transferencia del riesgo fomentan la resiliencia de las personas y de las comunidades, para lo cual necesariamente se requiere que la toma de decisiones en cada una de las etapas de gestión del riesgo sea con perspectiva de género con la  finalidad de poner  fin a la desigualdad, discriminación y violencia hacia mujeres y niñas, principalmente de las que se ven obligadas a vivir en refugios porque han perdido su casa o porque han migrado debido a que sus comunidades resultan devastadas.

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