“El enemigo público son los intermediarios”: López-Gatell

en Entrevista por

Hugo López Gatell

Subsecretario para la Prevención y Promoción de la Salud, del Gobierno de la República de México

Conversamos con Hugo López Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y uno de los voceros más importantes de la nueva política de Bienestar del Gobierno de la República de México. Nos habló de los intermediarios en el sector salud, las farmacéuticas y los avances en propiedad intelectual.

Ustedes calculan que en corrupción se va entre el 40 y el 50% en los bolsillos de pri- vados o de políticos corruptos. También se critica la falta de experiencia o de pericia técnica del gobierno para realizar las compras. Un ejemplo era el de un medicamento para el cáncer que terminó por comprarse en Francia, y dicen algunos, salió más caro. ¿Cómo fue ese proceso?          

— Puedo decir con toda tranquilidad que esta idea de que hay impericia, improvisación, ocurrencias, es sembrada. Hay un sector de la economía en torno a la producción y comercialización de los insumos para la salud que está claramente defendiendo sus intereses y está sembrando estas campañas de desinformación.

Es necesario distinguir los actores. Por un lado, tenemos a la industria farmacéutica nacional que incluye las empresas farmacéuticas internacionales que venden en México, y por el otro, a los distribuidores. Tenemos gruesamente 1400 empresas, 10 grandes internacionales, 10 grandes nacionales, todas con un perfil semejante: familiares, entre 70 y 90 años en México; y luego tenemos de distintos tamaños, hasta llegar a una pequeña casa farmacéutica casi artesanal que produce una pastilla para un mercado local. Pero tenemos cierta diversidad de productores, y tenemos al Gobierno que es, indiscutiblemente, el comprador mayoritario del 98% de los productos farmacéuticos.

En medio, tenemos a quien ha estado obstaculizando, pervirtiendo y afectando el mercado de insumos para la salud en México y que, particularmente, en el sexenio más reciente, afectó por completo concentrando el mercado y, además, condicionando a unos y a otros. Este mismo sector de intermediarios, de empresas distribuidoras, por los mucho 10, se han encargado de enfrentar la opinión pública.

La evidencia es clara: 3 empresas distribuidoras con- centraron el mercado; ofrecen “servicios integrados”: distribución, logística de almacenamiento, representación legal, contabilidad, negociación de precios, etc. Son un intermediario que le hace pagar derecho de piso a las empresas farmacéuticas, condiciona, las castiga, les da turno en las licitaciones públicas para favorecerlas o desfavorecerlas.

Lo que dejamos claro en 2019 es que al Gobierno le interesa tener insumos para la salud, no intermediarios.

Nos atacaron con el discurso de “improvisados”. No estábamos dispuestos a tener intermediarios que no agregan valor, que especulan con los precios y con la oportunidad de mercado de la industria farmacéutica, y que encarecen toda la operación, sin dar mejorías.                                                           

¿Cómo se va a lograr eso si el Estado no tiene capacidades de almacenamiento y distribución?                                                      

—Lo que logramos en 2019 fue una licitación para insumos, medicamentos, equipo de curación y, separado, para distribución, en dos fases distintas. Con eso logramos romper esa relación viciada de condicionamiento de unas pocas firmas que concentraban el mercado hacia la industria farmacéutica.

Establecimos un diálogo directo con las farmacéuticas y logramos tener in- sumos. Posteriormente, abrimos licitaciones para empresas distribuidoras. ¿Qué descubrimos? Que al menos cuatro de estas mega firmas de distribución subcontratan a firmas mexicanas o extranjeras de paquetería, grandes empresas conocidas por todos. Esos son los que realmente distribuyen.

Se trata entonces de puras relaciones políticas, y no es sorprendente en ese sentido que, en el sexenio anterior, 2012-2018, proliferaron estas empresas en su control del mercado, en su concentración, en sus influencias y en el uso de vinculación política en los estados y en el gobierno federal.                                                          

— Estamos entonces frente a empresas que venden relaciones…                       

—Venden relaciones, no aportan un valor a la capacidad de adquisición, de innovación, de distribución, de garantía de calidad, de acceso a los servicios. 

                               
—  ¿Qué sigue para fortalecer las capacidades del Estado en esta materia? 

                                                                                                                                                              
—  Vamos a alinear las capacidades gubernamentales. Quiero poner una viñeta de lo que encontramos: almacenes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estamos hablando de un terreno de una hectárea de bodega que tenia 12, 20 años abandona- da, con murciélagos adentro. Y así toda la capacidad de distribución que alguna vez tuvo el Estado mexicano, el IMSS en particular, que ha sido una institución muy vigorosa, a la que le fueron quitando sus capacidades.
                                                                                              
En los estados, también se deshicieron de las capacidades de los servicios estatales de salud. Y aquí parece haber una relación muy clara de una larga historia de políticos que sabotearon las capacidades públicas para beneficiarse de las capacidades privadas, haciendo negocios y siendo intermediarios. 

Por eso decimos: “el enemigo público son los intermediarios”.

Y aquí quiero enfatizar en una cosa, nos han tratado de manipular para entrar en confrontación con el pueblo.

En este caso concreto, las farmacéuticas. Este gobierno, con su vocación social, con su vocación humanitaria no es enemigo del sector privado, finalmente México tiene una economía mixta, predominantemente capitalista. Cuando se hace negocios de manera justa y transparente se aspira a tener ganancias razonables, y nos parece perfecto que haya empresarios que puedan impulsar el desarrollo mexicano.                            

— ¿Las farmacéuticas están dispuestas a jugar con estas reglas?

Está particularmente el caso de PISA, que se negó a vender un medicamento que sí tenían para recibir una certificación regulatoria de la Agencia del Mercado Mexicano, y además movilizaron a algunas asociaciones de pacientes…

Por eso llamamos a la sociedad que se puede comprometer con un país que elimina la corrupción, que distribuye la riqueza, que crece solidariamente, le llamamos a unir fuerzas. Insisto, el enemigo común son estos intermediarios.

Donde quiera que hay corrupción hay complicidad entre un privado y un público.

¿Quiénes son? El privado es una de estas firmas, —que hay en todos los sectores–, que se beneficia del tráfico de influencias, del posiciona- miento político, que no está dispuesto a competir ni a in- novar, cómodamente quiere tener todos los privilegios en la regulación sanitaria, en la regulación económica, en los permisos aduanales, etc. El público es un funcionario que recibe un beneficio directo por abrir la puerta, por vender la influencia.

Se ha querido plantear que los funcionarios públicos estamos en contra de los médicos y las enfermeras, y los trabajadores de la salud. Todo lo contrario. Sabemos que es una co- munidad comprometidísima, responsable. Son gente dedicada, hacen milagros por sacar adelante la vida de un paciente. Encontramos enor- me frustración. La opinión pública no conoce que eso no es el resultado directo y demostrable de las políticas actuales, y tenemos eviden- cia, si no de funcionarios que especulan con la riqueza na- cional, que son cómplices de esos intermediarios, y que cuando el hospital se está cayendo dicen que es culpa del presidente por las medi- das de austeridad.

Falso. No ha habido recortes en las áreas sustantivas de la salud ni del gasto público. Por ejemplo, en el Instituto de Neurología, entre 2019 y 2020, tuvimos un incremento del 12% en su inversión. Si el di- nero no se usa para lo que se debe usar es un elemento de alerta, de una situación presuntamente de corrupción.

— Ha habido avances en temas como las compras, la farmacovigilancia, pero ¿qué ha pasado con la propiedad intelectual?                                                           

—Estamos iniciando el proceso de hacerlo. Quiero ponerlo aquí en perspectiva.

México es la décimo quinta economía y la décimo cuarta población mundial, y no tiene una política farmacéutica nacional. Ningún país con estas condiciones carece de ello. Desde hace unos 15 años, la Organización Mundial de la Salud ha ofrecido asesoría técnica y modelos para desarrollarla, lo que nos permitiría alinear los distintos incentivos, la capacidad regulatoria, el estímulo a la ciencia, la tecnología y la innova- ción, para tener una soberanía farmacéutica.

No implica autosuficiencia, pero sí soberanía en la medida en que tengamos un control más amplio de lo que puede tener el gobierno, no solo en abastecimiento.

¿Qué pasó en los últimos 15 años? Que las aspiraciones de tener esta soberanía se fueron desplazando, no en favor del interés público, y ni siquiera de manera amplia en favor del capital y de las empresas, sino de manera discrecional, en favor de unos cuantos.

La industria farmacéutica nacional lo resiente y nos lo ha dicho. Productos para los que llevaron una solicitud de registro sanitario se les fueron entreteniendo hasta 3 años mientras veían al competidor global avasallándolos.

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